Se trata de un parametro objetivo fruto de una argumentación racional por tales y cuales razones tal conducta es inmoral. que la acción sea tradicionalmente tenida por inmoral o que sea reprobada por una mayoria legislativa. Son pautas subjetivas que de cara a una correcta definición de la moral publica. solo son relevantes cuando constituyen una consecuencia del hecho subjetivo de la inmoralidad en cuestión porque la conducta es inmoral , es tradicionalmente tenida por inmoral o reprobada por una mayoria legislativa si en cambio la reprobación moral no se correspondiera con una verdadera inmoralidad constituiria un error afirmar que la legislación que incorporase dicha reprobación promoviera la moralidad publica. Para que la moralidad publica esté comprometida debe existir en primer lugar una conducta verdadera o realmente inmoral , la conducta debe ser inmoral o debe ser publica debe ser en otras palabras una inmoralidad publica.
En los Estados Unidos la moral publica se encuentra entre los objetivos validos del poder de regulación de los estados. es decir , que el poder de policia guarda con la moralidad publica una relación de genero a especie . la moralidad publica aparecer como un caso un supuesto una especie de genero poder de policia. el poder de policia designa hasta el dia de hoy dos cosas por un lado la soberania residual de los estados , todo el poder no delegado por estos al gobierno federal.
El término policia se tomo prestado de la teoria y de la practica politica de inglaterra y de algunos paises de europa continental en sus celebres comentarios a las leyes de inglaterra publicados entre 1765-1769el jurista ingles sir willian blackstone definia la policia como la debida regulación y orden domestico del reino por medio del cual los individuos del estado como miembros de una familia bien gobernada estan obligados a conformar su conducta general a las reglas de correción decoro y buenas maneras y usar decentes , industriosos e inofensivos en sus respectivos puestos como puede observarse en esta definición ya se encontraba la semilla de lo que despues se llamo "poder de policia" en materia de modalidad publica. en la misma linea el autor suizo emmerich de vattel afirmaba en 1758 que la policia consiste en la precaución que debe tener el principe y los magistrados para preservar toda orden sabias regulaciones deben preescribir todo lo que contribuya a la seguridad utilidad y conveniencia publicas y los que tienen en sus manos autoridad nunca se preocuparan demasiado de que aquellas sean tenidas en la mira mediante una sabia policia el soberano acostumbra a la gente al orden y a la obediencia y preserva la paz , la tranquilidad , la concordia entre los ciudadanos como se ve esta noción de policia poco tiene que ver con lo que hoy en dia llamamos la policia se refiere mas bien a la autoridad del gobierno del estado para procurar el bien comun especialmente en lo relativo a la seguridad y a las buenas costumbres poder de policia adquirio un sentido restringido que hace referencia a la autoridad del gobierno para promover y regular algunos aspectos especificos del bien comun que suelen resumirse en tres : la moral publica , la seguridad publica , la salud publica.
"Las acciones privadas de los hombres que de ningun modo ofendan al orden y a la moral publicani perjudiquen a un tercero están solo reservadas a dios" En el plano del derecho internacional de los derechos humanos diversos tratados y declaraciones incluyen la moral publica entre las razones qu permiten limitar el ejercicio de los derechos. La regulación publica de la moralidad es cada vez mas sospechada la relación entre derecho y moral en el siglo XlX no pudo haber sido mas distinta de todos los cuestionamientos al poder publico durante ese periodo la regulación de la moral era el caso facil la regulación de la moralidad y una preocupación mas general por el orden la etica los buenos modales los habitos respetables y los estandares de decencia eran objetos principales de la policia como lo sintetizo cooley a mediados del siglo XlX la preservación de la moral publica se halla peculiarmente sujeta a la supervición legislativa.
ETICA PUBLICA Y PRIVADA EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL COMPROMISO DE TODOS
Pacto sobre etica publica y privada en la contratación estatal, constituye un valioso instrumento a travez de el cual los representantes de los sectores publicos y privado se comprometen a adoptar unos parametros minimos concensuados que permitan articular la aplicación de las disposiciones legales con las practicas culturalmente permitidas facilitando el avance de escenarios de integridad entre dichos sectores y la ciudadania . la construcción de confianza es una responsabilidad compartida a partir de la cual se puede garantizar la transparencia , el equilibrio y la seguridad juridica en el desarrollo de la contratación publica con el proposito la procuraduria general de la nación , la contraloria general de la republica y confecamaras en alianza con la vicepresidencia de la republica acuerdan suscribir el presente pacto.
COMPROMISOS DEL SECTOR PRIVADO
La encuesta empresarial sobre probidad en el sector publico, elaborada por confecamaras demuestra que son muchos mas los empresarios probos y comprometidos con la etica de lo publico.
Entre las practicas corruptas mas frecuentes se destacan el monopolio de contratistas , el ajuste de especificaciones , las pasiones politicas para la adjudicación de contratos , la aprobación de ofertas que no cumplen los requisitos , la infuencia en el diseño de terminos de referencia y el fraccionamiento de contratos.
Es evidente la necesidad de enmarcar el ejercicio de la contratación publica dentro de los claros parametros de etica de lo publico , los cuales deben tener como unico proposito grantizar el cumplimiento de los compromisos contractuales de los particulares con el estado y de este con la ciudadania
COMPROMISOS DEL SECTOR PUBLICO
Con la celebración de los contratos estatales y su ejecución , las entidades publicas que suscriben este documento , renuevan su compromiso con el pais para cumplir cabalmente con los cometidos señalados en el ordenamiento juridico en especial los relacionados con la prestación eficiente y continua del servicio publico y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados dando plena aplicación a los postulados y principios eticos que rigen el ejercicio de la función administrativa.
COMPROMISOS DE LOS ORGANISMOS DE CONTROL
A través de la firma del presente pacto ético los representantes de las entidades de control dentro de el ambito de su autonomia e independencia , se comprometen a adelantar y continuar las acciones que sean necesarias para avanzar en la lucha contra la corrupción adoptando las politicas eticas de probidad en materia de contratación politica procurando el buen uso de los recursos publicos y estimulando la sana competencia empresarial.
La procuraduria general de la nación , en desarrollo de su misión institucional y en especial de los principios y valores contenidos en su carta de valores y principios eticos se compromete a cumplir y promover el contenido del presente pacto a travez del ejercicio permanente y continuo del control preventivo en la contratación estatal la intervención ante las autoridades para defender el patrimonio publico y el orden juridico y a perseverar en su lucha permanente contra la corrupción.
El deber primordial de la contraloria general de la republica es vigilar el buen uso de los recuros publicos y en particular realizar el control de contratación publica para procurar que se realice en condiciones de transparencia cumpliendo los principios de economia eficiencia eficacia equidad y sostenibilidad ambiental y coadyuvar al mejoramiento continuo de la gestión fiscal al exigir imparcialidad y la evaluación tecnica de todo proceso contractual
COMPROMISOS CONJUNTOS
Los sectores publico y privado y los organismos de control , consideran necesario formar una comunidad alrededor de procesos compartidos entre sus intereses experiencias y deseos comunes para mejorar las ventajas competitivas de la nacion y lograr niveles mas altos de desarrollo . para lo cual se imponen metas a largo plazo que permitan contrarrestar los indices de corrupción
SECTOR PRIVADO
1. Generar y divulgar una cultura de la ética en las organizaciones.
2. Apoyar al Estado en el cumplimiento de sus deberes misionales, contribuir a la
satisfacción de las necesidades colectivas y al progreso de la Nación.
3. Cumplir con las disposiciones, principios y mandatos del ordenamiento jurídico,
en especial, las normas que regulan la contratación pública y las cláusulas de los
contratos que suscriban.
4. Respetar el cumplimiento de las normas de Derechos Humanos, especialmente
las relacionadas con la no contratación de menores, el respeto a las condiciones
mínimas de trabajo y la no discriminación de género.
5. Emplear los sistemas de información diseñados para apoyar la gestión pública,
tales como el Sistema de Información para la Vigilancia de la Contratación Pública -
SICE- de la Contraloría General de la República y el Sistema de Información de
Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad -SIRI- de la Procuraduría General de la
Nación.
6. Abstenerse de dar o prometer gratificaciones, dádivas, regalos, propinas,
remuneraciones, premios o tratos preferenciales a los servidores públicos
comprometidos en los procesos contractuales.
7. Colaborar con el Estado en la vigilancia y control de los procesos de
contratación pública y denunciar las situaciones de corrupción que puedan presentarse
en los mismos.
8. Velar por la libre competencia en todas las etapas de los procesos contractuales
del Estado.
9. Dar a conocer a las autoridades competentes las maniobras fraudulentas o
prácticas indebidas de los competidores que pretendan influir en la adjudicación de un
contrato o la obtención de cualquier tipo de beneficio.
10. Cumplir oportunamente con sus obligaciones contractuales para evitar las
dilaciones, los retardos, sobrecostos y aumento injustificado de cantidades de obra.
11. Tener en cuenta las realidades objetivas del mercado y las necesidades del
servicio público, evitando la presentación de ofertas con precios artificialmente bajos o
la proposición de plazos o términos que no puedan ser cumplidos.
12. Utilizar y aplicar productos, procesos y tecnologías limpias que garanticen la
conservación del medio ambiente y el equilibrio del ecosistema.
13. Conformar equipos de trabajo para estudiar temas relacionados con la
contratación pública, con el objeto de hacer efectivos los principios de eficacia,
eficiencia y transparencia.
14. Evitar por todos los medios la improvisación, el despilfarro de recursos públicos
y la eventual ocurrencia de conflictos que generen cargas injustificadas para el Estado.
15. Abstenerse de participar en los procesos contractuales cuando se encuentren
incursos en alguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o conflictos de
intereses o tengan pendiente el cumplimiento de obligaciones fiscales o parafiscales con
el Estado.
16. Abstenerse de participar en aquellos procesos contractuales que sean
incompatibles con su objeto social y con las reales capacidades técnicas y financieras de
la empresa.
17. Prever y dar a conocer los riesgos que puedan derivarse del proceso contractual
a través de una adecuada planeación financiera y tributaria.
18. Presentar oportunamente a la entidad contratante las objeciones a los pliegos de
condiciones y términos de referencia.
19. Suministrar información veraz, oportuna y completa, acerca de sus reales
capacidades y sobre las cantidades, calidades y precios de los bienes y servicios
ofrecidos.
20. Abstenerse de realizar cualquier tipo de maniobras fraudulentas o prácticas
indebidas con el propósito de asegurar la adjudicación del contrato o la obtención de
cualquier tipo de beneficios durante su ejecución y liquidación.
21. Informar a la entidad pública contratante, las circunstancias sobrevinientes que
llegaren a presentarse durante las fases de adjudicación o ejecución contractual y que
sean constitutivas de inhabilidad, impedimento o conflicto de interés.
22. Cuando en desarrollo del contrato ocurran hechos imprevisibles que afecten la
ecuación económica del mismo, propiciar un acuerdo con la entidad pública para la
revisión o ajuste de las cantidades, precios, valores y plazos inicialmente pactados, que
no atenten contra interés colectivo, ni perjudiquen al erario.
23. Cumplir cabal y fielmente los ofrecimientos y compromisos contenidos en la
oferta, particularmente en todo lo relacionado con las condiciones y plazos de ejecución
del contrato y con la calidad de los bienes y servicios ofrecidos o de las obras y tareas
por ejecutar.
SECTOR PUBLICO
1. Generar y divulgar una cultura de la ética en las entidades públicas.
2. Actuar siempre en función del interés colectivo, excluyendo toda acción que
pueda redundar en beneficio personal o de terceros.
3. Desarrollar procesos contractuales y cumplir las obligaciones que de ellos se
deriven, acogiendo principios de planeación, transparencia, economía, responsabilidad,
eficiencia y austeridad, en beneficio de las necesidades de los ciudadanos y del Estado.
4. Exigir el cumplimiento de las normas de Derechos Humanos, especialmente las
relacionadas con la no contratación de menores, el respeto a las condiciones mínimas de
trabajo y la no discriminación de género.
5. Emplear los sistemas de información diseñados para apoyar la gestión pública,
tales como el Sistema de Información para la Vigilancia de la Contratación Pública -
SICE- de la Contraloría General de la República y el Sistema de Información de
Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad -SIRI- de la Procuraduría General de la
Nación.
6. Mantener la independencia política, personal, comercial, financiera, interna o
externa en la toma de decisiones y abstenerse de tomar parte en actividades que puedan
poner en riesgo la confianza en la entidad, su imparcialidad o la integridad de sus
actuaciones, así como de recibir o solicitar gratificaciones o tratos preferenciales de los
particulares.
7. Divulgar de manera amplia, anticipada y oportuna, los trámites y procedimientos
de contratación para facilitar el ejercicio real y efectivo del control ciudadano y la
participación masiva de proponentes.
8. Promover la libre competencia en el marco de la contratación, garantizando la
concurrencia amplia y suficiente de proponentes, de tal manera que las entidades
públicas se beneficien de la sana pugna en calidad, precios e innovación.
9. Los servidores públicos deberán inhibirse de recibir o brindar asesoría y
orientación a los particulares que pretendan celebrar contratos con el Estado, salvo que
se trate de una información pública y abierta a todos los participantes en un proceso de
contratación.
10. Suprimir los trámites y documentos adicionales, no previstos en la ley.
11. Sujetar la actividad contractual al plan general de inversiones y compras, y
formular los planes de contratación de servicios que se pretendan contratar, los cuales
serán dados a conocer de manera amplia a la opinión pública.
12. Solicitar la utilización de productos, procesos y tecnologías limpias que
garanticen la conservación del medio ambiente y el equilibrio del ecosistema.
13. Adelantar los estudios técnicos, de mercado y de necesidades, conformar los
equipos especializados que resulten pertinentes y contar con las licencias, permisos y
apropiaciones presupuestales.
14. Invertir los recursos presupuestales, evitando la comisión de delitos, faltas de
naturaleza fiscal o disciplinaria, el despilfarro y la eventual generación de conflictos.
15. Declarar la existencia de incompatibilidades, inhabilidades o conflictos de
interés para participar en los procesos contractuales y adoptar las medidas necesarias
para impedir la participación de oferentes y subcontratistas, incursos en alguna de estas
causales.
16. Eliminar de los pliegos de condiciones o términos de referencia la inclusión de
exigencias o especificaciones técnicas, financieras o de cualquier otra índole que puedan
producir efectos discriminatorios, así como las cláusulas que por su oscuridad o
ambigüedad atenten contra la objetividad de la contratación.
17. Propiciar el equilibrio económico de los contratos a través de su adecuada
planeación financiera y fiscal
18. Permitir en las audiencias de aclaración de pliegos la participación de todos los
interesados y motivar la aceptación o el rechazo de las objeciones.
19. Vigilar la aplicación permanente de los principios de selección objetiva,
igualdad de oportunidades, buena fe, seguridad jurídica y confianza legítima, a fin de
escoger la propuesta que resulte ser la más favorable y conveniente para la
administración.
20. Brindar a los interesados la oportunidad de controvertir las razones en que se
fundamenten las decisiones que se adopten en materia contractual, que deberán ser
debidamente motivadas.
21. Adjudicar siempre en audiencia pública el ganador de la licitación o en su
defecto la declaratoria de desierta de la misma exponiendo el fundamento de la
decisión.
22. Realizar un seguimiento permanente, puntual y riguroso a la ejecución de los
contratos estatales, evitando hacer concesiones que sean contrarias al interés público.
23. Promover la tecnificación y regulación del ejercicio de las funciones de
interventoría y supervisión de los contratos, en aras de garantizar la eficacia y la
eficiencia de su gestión y preservar su independencia y garantizar su imparcialidad.
COMPROMISOS ORGANISMOS DE CONTROL
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
En ejercicio de sus deberes misionales, la Entidad se compromete a seguir realizando
sus funciones de prevención, vigilancia e intervención judicial en materia de
contratación pública, dentro de los siguientes parámetros éticos:
1. El diseño y ejecución de todo proyecto de contratación pública debe estar
orientado a satisfacer las necesidades e intereses de la comunidad y del Estado.
2. Aplicar sin excepciones los mecanismos de contratación previstos por la ley, con
arreglo a los principios de moralidad, economía, austeridad, eficiencia y transparencia.
3. Los servidores públicos no solicitarán ni recibirán gratificaciones, dádivas,
propinas, remuneraciones, premios o tratos preferenciales de los particulares que
contraten o pretendan contratar con el Estado.
4. Divulgar de manera amplia y oportuna por todos los medios a su alcance, los
trámites y procedimientos de contratación que pretendan adelantar, a fin de facilitar la
participación masiva de proponentes y el ejercicio del control ciudadano.
5. Actuar con eficiencia y celeridad tanto en el diseño de pliegos de condiciones y
términos de referencia, en su estudio y toma de decisión, así como en el cumplimiento
de las obligaciones contractuales.
6. Incluir en los pliegos de condiciones y términos de referencia, solo las
estipulaciones necesarias para garantizar la óptima calidad del objeto del contrato, y
excluir las que puedan producir efectos discriminatorios.
7. Inhibirse de suministrar asesoría y orientación especial a los particulares que
pretendan celebrar contratos con el Estado, salvo que se trate de la información pública
a la que todos tienen derecho.
8. Permitir a la ciudadanía examinar las actuaciones desarrolladas en el trámite de
los procesos contractuales y el acceso a los estudios evaluativos y de calificación de las
propuestas; expedir copias de los documentos que les sean requeridos para la labor de
veeduría, salvo en los casos en los cuales éstos se encuentren amparados por una reserva
legal.
9. Poner en conocimiento de la Comisión Nacional de Defensa del Patrimonio
Público y la Moralidad Administrativa de la Entidad, aquellos hechos, acciones u
omisiones que atenten contra los derechos e intereses colectivos.
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Mantener los actuales procesos de contratación de la Entidad en materia de
adquisición de bienes y servicios, que garantizan la transparencia, la celeridad y el
estímulo a la libre competencia entre los oferentes.
2. Ampliar cada vez más su programa de Control Fiscal Participativo,
especialmente en sus componentes de organización de comités de vigilancia ciudadana
y auditorías articuladas con organizaciones de la sociedad civil, en forma tal que la
ciudadanía sea vigilante activo de los intereses colectivos.
3. Sostener la prioridad en su Plan General de Auditoría a la evaluación de los
procesos de contratación.
4. Profundizar las metodologías para la evaluación de los procesos contractuales.
5. Realizar periódicamente foros sectoriales para conocer la marcha de los procesos
contractuales y producir informes públicos al respecto.
6. Realizar acciones de veeduría del cumplimiento del presente Pacto, en unión con
la Procuraduría General de la Nación.
7. Auspiciar programas de información y capacitación a los servidores públicos en
los asuntos del control fiscal y en particular, en el manejo del Sistema de Información
de la Contratación Estatal SICE.
8. Promover y auspiciar estudios y propuestas, en conjunto con la Procuraduría
General de la Nación, que conduzcan a la reforma de las normas sobre contratación
pública, con el fin de adecuarla a sanas prácticas de competencia y transparencia y
llenar los vacíos que facilitan manejos indebidos.
9. Auspiciar convenios de cooperación externa para intercambiar informaciones y
enfrentar las nuevas prácticas corruptas en el ámbito internacional.COMPROMISOS CONJUNTOS
1. Adelantar actividades pedagógicas para dar a conocer el presente Pacto Ético a
los sectores público y privado que intervienen en los procesos de contratación pública.
2. Auspiciar la réplica del presente Pacto en todas las regiones del país.
3. Promover un sistema general de evaluación de los niveles de corrupción en los
sectores público y privado.
4. Realizar un seguimiento oportuno y adecuado para evaluar los resultados del
presente Pacto Ético y hacer los ajustes a que haya lugar.
En señal de conformidad y con el firme propósito de contribuir a la efectividad de los
postulados constitucionales y legales que orientan el ejercicio de la función
administrativa, como condición necesaria para el establecimiento de un clima de
seguridad jurídica y de confianza recíproca, los representantes de los sectores público y
privado y los representantes de los organismos de control, suscriben el presente pacto en
la ciudad de Bogotá D.C., a los catorce ( 14 ) días del mes de octubre de 2004.
FRANCISCO SANTOS CALDERÓN
Vicepresidente de la República
EDGARDO JOSÉ MAYA VILLAZÓN
Procurador General de la Nación
Ma. MARGARITA ZULETA GONZÁLEZ
Directora Programa de Lucha contra la Corrupción
ANTONIO HERNÁNDEZ GAMARRA
Contralor General de la República
EUGENIO MARULANDA GÓMEZ
Presidente de CONFECÁMARAS
Testigos:
VOLMAR PÉREZ ORTÍZ
Defensor del Pueblo
MICHAEL DEAL
Director de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
lo anterior nos permite sostener que hay conductas convencionales sin embargo hay conductas generalizadas como en este caso seguir el modelo de un ser supremo por medio de la fe que representa nuestras expectqativas aunque da a conocer nuestras expectativas tambien nos enseña a tener un sentido igualitario porque todos somos igualitarios y dependemos de los estandares establecidos por la sociedad porque son la huella de nuestros ancestos y son conductas vulnerables hasta nuestros dias
ResponderEliminarenrique jose gonzalez vera